Senadores y Senadoras de México,
Me permito dirigirme a ustedes para expresar una profunda preocupación en relación con el proyecto de reforma judicial que actualmente se discute en el Senado.
Respetuosamente, hago un llamado a que esta reforma no sea aprobada en sus términos actuales, ya que su implementación podría comprometer gravemente la estabilidad institucional del país, teniendo repercusiones negativas en diversos ámbitos.
En las últimas décadas, México ha trabajado arduamente para fortalecer sus instituciones, particularmente en lo que respecta al Poder Judicial. Gracias a importantes reformas y la creación de organismos autónomos, hemos logrado construir un sistema imparcial y garantista, reconocido internacionalmente, lo que ha contribuido a posicionar a México como un destino seguro para inversiones.
La creación de instituciones sólidas y la implementación de un marco legal confiable han sido clave para generar confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. Este esfuerzo ha permitido que las decisiones judiciales se basen en la ley, sin excepciones ni privilegios, lo que ha preservado la credibilidad y el respeto de México en los mercados globales.
El T-MEC y otros acuerdos comerciales internacionales han sido posibles debido a la percepción de México como un país que respeta el Estado de derecho. Las reformas de las últimas décadas han buscado consolidar un sistema judicial autónomo, que funcione como contrapeso a los otros poderes del Estado y brinde seguridad jurídica a todos los actores sociales y económicos.
En el ámbito local, la independencia del Poder Judicial ha sido crucial para garantizar la protección de los derechos ciudadanos y el acceso a la justicia. Sin embargo, la reforma judicial propuesta amenaza con comprometer esa independencia al permitir una excesiva influencia del Poder Ejecutivo en la designación y remoción de jueces.
Este cambio estructural afectaría negativamente la administración de justicia, debilitando la capacidad de los tribunales para actuar con imparcialidad. Los ciudadanos podrían percibir que el sistema de justicia ya no es neutral, sino influenciado por intereses de régimen, lo que erosionaría la confianza pública en las instituciones y afectaría el avance de la justicia en regiones vulnerables, particularmente aquellas bajo la influencia del crimen organizado.
A nivel nacional, esta reforma debilitaría los avances logrados en la construcción de un Poder Judicial autónomo y confiable. La estabilidad de nuestro sistema democrático depende en gran medida de la separación de poderes. La erosión de esta independencia judicial afectaría la capacidad de los jueces para actuar como un contrapeso efectivo frente a los demás poderes, debilitando el Estado de derecho.
Un Poder Judicial controlado por intereses fácticos debilitaría la credibilidad de nuestras instituciones y podría significar un gran retroceso democrático. Si el sistema judicial no es percibido como imparcial, la corrupción y la impunidad podrían aumentar, afectando no solo a la justicia, sino también a sectores clave como la seguridad, la infraestructura, la educación, el empleo, la economía y el bienestar social.
Asimismo, para los profesionales del Derecho formados en instituciones como la Universidad Intercontinental y otras universidades, esta reforma representaría un duro golpe para el ejercicio de su profesión. Nuestros estudiantes aspiran a un sistema que promueva la justicia, la ética y el respeto a las leyes; un sistema judicial vulnerable a la influencia política limitaría severamente sus oportunidades y afectaría su desarrollo profesional.
Desde una perspectiva internacional, la reforma judicial pone en riesgo la reputación de México como un país confiable y atractivo para inversiones extranjeras. La confianza en el sistema legal es imprescindible para que los inversionistas se sientan seguros de arriesgar sus capitales en nuestro país. Si México es percibido como una nación con un Poder Judicial no autónomo, los inversionistas podrían trasladar sus proyectos a países con sistemas legales más sólidos y predecibles.
Asimismo, la comunidad internacional, incluidas organizaciones multilaterales y de derechos humanos, ha subrayado la importancia de contar con un Poder Judicial independiente como garantía de protección de los derechos humanos y el acceso equitativo a la justicia. Un retroceso en este aspecto generaría desconfianza internacional y podría reducir la influencia de México en foros multilaterales.
Por todo ello, hago un llamado respetuoso a los Senadores y Senadoras para que se pause el proceso de aprobación de la reforma y se lleve a cabo una revisión exhaustiva, considerando estudios, recomendaciones y análisis de especialistas, universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles y organismos internacionales. Es crucial que cualquier reforma fortalezca el sistema judicial sin comprometer su independencia ni la certeza jurídica en nuestro país, especialmente en el inicio de un nuevo proyecto de gobierno encabezado, por primera vez en nuestra historia, por una mujer.
El fortalecimiento institucional es un proceso continuo que requiere diálogo, transparencia y respeto a la ley. México debe continuar avanzando hacia la consolidación de un sistema de justicia que garantice los derechos de todos los ciudadanos y que sirva de base sólida para el crecimiento económico y el respeto internacional.
Senadores y Senadoras, con el mayor respeto les solicito que no se apruebe la reforma judicial en los términos actuales, ya que las consecuencias para el Estado de derecho, la independencia judicial, la confianza ciudadana, la economía nacional y la credibilidad internacional de México serían demasiado graves. En lugar de avanzar con una reforma que socavaría las instituciones que tanto ha costado construir, propongo un proceso de diálogo nacional para diseñar una reforma judicial que fortalezca el sistema de justicia y proteja los logros democráticos de las últimas décadas. México y sus futuras generaciones lo merecen y lo necesitan.
Atentamente,
Maestro Hugo Antonio Avendaño Contreras
Rector de la Universidad Intercontinental
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2024.